Artista arrestado en La Habana antes de hacer performance con la bandera cubana


El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes en Madrid que La Habana ha arreciado en las últimas semanas en aplicar prohibiciones para entrar y salir del país a los ciudadanos cubanos burlando la Ley Migratoria firmada en 2012 y en vigor desde 2013.

«El Decreto Ley 302 de 2012 debió significar el fin de las restricciones al derecho de entrar y salir de su país de los cubanos, pero no ha sido así. El gobierno cubano utiliza tretas jurídicas para el juego sucio, amparado en supuestos problemas de ‘defensa y seguridad nacional’, ‘razones de interés público’ y ‘protección de la información oficial’, entre otras. Todas significan que el gobierno decide arbitrariamente la entrada y la salida de los cubanos», explicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

El Decreto-Ley 302, es Modificativo de la Ley 1312 (Ley de Inmigración) del 20 de septiembre de 1976 y los Decretos 305 y 26 (Reglamento de la Ley de Migración) fue aprobado el 12 de octubre de 2012.

Recientemente decenas de activistas de derechos humanos y periodistas independientes han sido marcados como «regulados», una categoría que emplean las autoridades del régimen para impedirles salir del país, aunque tengan toda la documentación en regla.

El Observatorio menciona a las periodistas independientes Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García e Isel Arango de la revista La Hora de Cuba), a Luz Escobar, del diario 14yMedio y a Yunia Figueredo Cruz, de Diario de Cuba.

También a los activistas Leticia Ramos Herrería, del movimiento Damas de Blanco y a María Elena Mir Marrero, Enix Berrio Sarda, Boris González Arenas, Fernando Palacio Mogar, Abdel Legrá y Alberto de la Nuez, todos de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD).

EL OCDH también denunció que los cubanos emigrados que desean entrar al país, están sujetos a la voluntad de las autoridades pues la entrada a Cuba es otorgada «no como un derecho de los ciudadanos, sino como una prerrogativa del Estado».

«El decreto 302 prohíbe regresar a su país natal a aquellos que hayan podido «organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano», entre otros supuestos. O sea, todos aquellos que hayan sido ‘sancionados’ por ejercer derechos pacíficos, internacionalmente reconocidos, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos», añadió González Raga.

Por último el OCDH condena «la aplicación selectiva de una ley que fue creada por el Estado cubano no para garantizar un derecho, sino para restringirlo y utilizarlo discrecionalmente, con la finalidad de garantizarse colaboración y obediencia».

Numerosas instituciones han calificado estas prohibiciones de salida del país y como un herramienta del régimen cubano para apagar el activismo ciudadano.

El Instituto Patmos ha denunciado la gravedad del asunto: «en ocasiones los ciudadanos son citados y coaccionados; en otras son detenidos, a veces en operativos policiales que clasifican en la categoría de secuestros, para impedirles llegar a tiempo al aeropuerto. Y en algunos casos se les niega la posibilidad de obtener pasaporte o de obtener la prórroga necesaria para el mismo. En casos extremos a algunos ciudadanos se les abre una investigación que puede derivar en un proceso judicial entre cuyas consecuencias se incluye la imposibilidad de viajar, fuera, e incluso dentro de Cuba. A todos estos ciudadanos, se les informa que se encuentran en una categoría clasificada como, regulados».

La reforma migratoria de Cuba, en vigor desde 2013, eliminó el permiso de salida pero dejó en control del Ministerio del Interior determinar quiénes podían viajar u obtener un pasaporte.

El coronel Lamberto Fraga Hernández, segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE) del Ministerio del Interior, dijo entonces que el proceso de preparación de un pasaporte implicaba definir qué personas no pueden obtener un pasaporte por ser consideradas «vitales» para el desarrollo económico, los planes estratégicos y la actividad deportiva del país.

Desde entonces La Habana dispuso categorías para impedir la salida de determinados ciudadanos en «condición de regulados», entre los que están las personas sujetas a proceso penal o tengan pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, los «atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores vitales para el movimiento deportivo cubano», los viajes por motivos personales de médicos y otros profesionales y a algunos dirigentes.

[Comunicado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y archivo radiotelevisiónmartí.com]


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