Condenada la Dama de Blanco Marta Sánchez a cuatro años y seis meses de cárcel


La Dama de Blanco Marta Sánchez en una detención. (MARTÍ NOTICIAS)

El régimen condenó a la Dama de Blanco Marta Sánchez a cuatro años y seis meses de privación de libertad, una sentencia dictada por el Tribunal Municipal de Artemisa hace dos semanas y hecha firme el martes, informó a DIARIO DE CUBA, la líder del movimiento opositor, Berta Soler.

Según precisó Soler, la petición fiscal era de cinco años de privación de libertad por los supuestos de «desacato, atentado, desorden público y resistencia».

«Han sancionado a una mujer que no ha hecho más que ejercer su derecho de manifestación pacífica frente a un colegio electoral. Fue lo que ocurrió en marzo en día de elecciones. Le han atribuido diferentes cargos para justificar esta condena tan severa», denunció la opositora.

En este momento Sánchez todavía se encuentra en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana.

«Esta es la segunda vez que la Seguridad del Estado lleva a Marta ante un tribunal, para amedrentarla, para que deje su activismo político en las Damas de Blanco. En 2016 cumplió seis meses de cárcel por el delito de desacato», recordó Soler.

«A ella cuando se la llevaron detenida estaba acusada solamente por desorden público. Después aparecieron otros supuestos delitos que no cometió para justificar tantos años», dijo.

«Estamos en espera ahora del juicio de Aymara Nieto Muñoz, acusada del delito de ‘atentado'», añadió Soler.

En estos momentos la organización femenina tiene a cuatro de sus miembros en prisión.

Soler citó, además del caso de Sánchez, los de Nieves Matamoros, sancionada en abril a un año y seis meses por impago de multas; Yolanda Santana Ayala, condenada en el mes de julio, a otro año de privación de libertad, también por impago de multas.

Nieto Muñoz permanece detenida sin juicio desde el mes de abril junto a su esposo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Ismael Boris Reñí, detenidos luego de recibir una golpiza el mismo día en que les hicieron un registro domiciliario, según denunciaron los propios activistas.


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